Mi hija Paula tenía 3 años. Volteó a verme con un qué pasa en la mirada. Vivíamos a unas cuadras del Puente de Baloa y de la redoma de Petare. Durante todos esos días, nunca dejamos de escuchar disparos. Decían que era peligroso asomarse a las ventanas. Pero desde la azotea vimos imágenes espantosas. Vimos a militares armados, disparando, avanzando por la calle; vimos a gente tendida en el suelo, detenida, herida, tal vez muerta. Todo era confuso y aterrador. Aparecía ante nosotros un país que no habíamos visto, al menos así de cerca, en esas dimensiones. El país de la violencia.

Yo estaba empleado en El Diario de Caracas. Trabajaba en el archivo, ordenando o buscando textos escritos, imágenes, materiales hemerográficos. Mi otra  tarea consistía en llegar muy temprano cada mañana a leer todos los periódicos importantes del país y, luego, redactar un informe para la dirección, detallando cómo había salido El Diario con respecto a los otros medios impresos: qué noticias faltaban o no, qué información o qué sesgo diferente había ganado o perdido el rotativo en la edición de ese día.  Ese trabajo me permitió conseguir un permiso para transitar libremente por la ciudad mientras duró el toque de queda.  Nunca había sentido que Caracas fuera tan frágil.

Después del 27 de febrero de 1989, la ciudad ya no pudo ser la misma. Ya todos sabíamos de lo que éramos capaces. Una nueva posibilidad se coló en todas las hipótesis de los caraqueños. Se inauguró la posibilidad del saqueo masivo, del descontrol y —también— la posibilidad de la violencia del Estado, una agresión más ordenada y también más feroz. Nos estrenamos en la transgresión colectiva y en la represión impune. Caracas era otra. El miedo renovó su significado. Tal vez comenzamos a entender, de otra manera, que los otros pueden ser una amenaza.

Días después asistí a varias reuniones y asambleas con miembros de organizaciones populares. El debate estaba caliente ¿Realmente podía evaluarse todo lo ocurrido como una expresión política, orgánica, con alguna dirección? ¿O se trataba solo de un estallido, de la manifestación de un descontento ante las medidas de ajustes que –contra todas sus promesas electorales- acababa de tomar el recién iniciado gobierno de Carlos Andrés Pérez? ¿Qué significado político podían tener los saqueos?  También, por supuesto,  se sumaba al debate la actuación de los militares y de los cuerpos policiales, la cantidad de muertos, de desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos que —todavía hoy— siguen sin aclararse.

Hace pocos días, en el contexto del nuevo aniversario del Caracazo, el General Vladimir Padrino López  señaló que “aquel fatídico día, el gobierno de turno hizo uso desmedido de la fuerza pública para orquestar una represión que generó caos, anarquía y consecuentemente la masacre de conciudadanos desarmados, lo cual fue y seguirá siendo objeto de repudio y rechazo”.   El Ministro de la Defensa tiene el mismo problema que la mayoría de los altos funcionarios del gobierno: habla en un idioma que los venezolanos no comprendemos.  La élite oficialista vive en otra dimensión, en una zona donde todo es distinto, donde nada se parece a nuestra realidad. Hablan desde un tiempo donde ya todo ha cambiado. Se mudaron a la utopía y nos dejaron aquí, con el país.

Las palabras de Padrino López, puestas en ese mismo orden, una tras otra, con la misma cadencia y el mismo sentido, podrían acompañar perfectamente las imágenes de los soldados disparando, golpeando, deteniendo a personas….durante las muchas manifestaciones populares que han expresado su descontento ante gobierno de Nicolás Maduro. Los ejemplos sobran. Debe haber un subgénero en youtube dedicado a la represión bolivariana.  Las comillas del Ministro de la Defensa podrían ilustrar perfectamente el video de la salvaje golpiza que la guardia nacional le dio a Marvinia Jiménez. Solo es un ejemplo.

Mi hija va a cumplir 31 años y, a veces, todavía tiene la misma pregunta en los ojos ¿Qué pasa? El país ha cambiado tanto y, a la vez, no ha cambiado nada. Los discursos varían, la violencia persiste. Siempre estamos peor. Padrino López asegura que la FANB “reza” para que no se repita otro Caracazo. Él personalmente podría hacer mucho más. En enero del 2015, el Ministerio de la Defensa dictó la resolución 8610 que, contraviniendo lo que establece la Constitución, permite a los militares usar armas de fuego en contra de las manifestaciones civiles.  Es decir que, 28 años después, el Estado ha otorgado un permiso para que la Fuerza Armada actúe, legalmente, como lo hizo en el caracazo. Padrino López podría derogar esa resolución. Solo es otro ejemplo.

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